La Nación y la Ciudad de Buenos Aires publicaron licitaciones por separado para adjudicar el mismo negocio. Después cruzaron presentaciones judiciales y solicitadas en los diarios. Ahora hicieron una tregua para negociar de qué manera serán administrados en el futuro los cinco bingos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires.
Los bingos de esa ciudad son un negocio que mueve unos U$S 97,8 millones al año. Los operadores de los bingos se llevan el 16% de lo que se recauda a través de la venta de cartones y más del 90% del dinero de la venta de entradas. Indican que es poco y desde hace años están luchando, incluso con presentaciones judiciales, para que los autoricen a poner tragamonedas, negocio que hoy se explota en el Casino y en el Hipódromo Argentino de Palermo.
Mientras tanto, los cerca de 1.200 empleados de los bingos están en estado de asamblea permanente desde mediados del año pasado, porque corre peligro su fuente laboral, explicó el secretario general del sindicato, Daniel Amoroso, que también es legislador porteño por el PRO. reclama que “la Ciudad defienda su autonomía y exija el control exclusivo del juego, como lo tienen todas las provincias”.
La Constitución porteña, a través de su artículo 50, le otorga al Estado local el manejo del juego y ordena que lo haga por sí mismo, al vedar “la privatización o concesión”. Un dato que también echa dudas sobre los movimientos intentados hasta ahora por el Instituto de Juegos local.
Según fuentes del Gobierno porteño, pronto se firmaría un documento que establecería un plazo para que se converse entre las dos partes cómo van a repartirse el control y las ganancias de las salas.


